Luego de que el presidente Javier Milei pidiera explícitamente en la Asamblea Legislativa un paquete de medidas de corte punitivista, la titular de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, puso manos a la obra y prepara una intensa agenda de trabajo que comenzará el miércoles 12 del presente mes con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad.
La cordobesa del PRO, cercana a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, convocará a un nutrido plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto el miércoles de la semana próxima al mediodía para debatir una reforma del Régimen Penal Juvenil.
El 1 de marzo, Milei insistió en la necesidad de reducir la edad de imputabilidad, argumentando que “quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias como adultos”.
El proyecto que el Poder Ejecutivo presentó en junio del año pasado con el impulso de Bullrich y de su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años (de los 16 actuales), pero hay otras 12 iniciativas con estado parlamentario presentadas por representantes de casi todos los bloques.
Si bien el aspecto más resonante de la reforma gira en torno de la edad de imputabilidad, la reforma del régimen penal juvenil no se agota allí sino que también se discute qué tipo de delitos deberían ser punibles para los menores que cometan los ilícitos, qué penas de prisión se aplican, qué otros castigos alternativos se contemplan y qué medidas de resocialización se deberían especificar en la normativa para evitar que una vez que cumplan con la condena se reinserten a la delincuencia.
El proyecto establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua, siendo el máximo de prisión 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
También permite revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la condena, para que el resto de la pena se pueda cumplir en su domicilio.
Además de la cárcel y el domicilio, el proyecto propone otros lugares para el cumplimiento de la pena como un instituto abierto o un instituto especializado de detención de menores.
