El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, realizó este jueves su descargo frente al pedido de juicio político presentado en su contra por una vecina y durante su exposición cuestionó los fundamentos de las acusaciones vinculadas con la deuda eléctrica, los suministros municipales y el cumplimiento de una medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia.
Ante el Concejo Deliberante, uno de los puntos centrales de su presentación estuvo relacionado con la medida cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia y el funcionamiento de la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP).
En ese sentido, Saloniti sostuvo que para atribuirle un incumplimiento de una orden judicial debe existir una conducta concreta. “¿Cuál fue la orden judicial concreta dirigida a este Intendente? ¿Qué conducta específica debía realizar? ¿Qué conducta específica debía abstenerme de realizar? ¿Qué acto dicté contrariando esa orden?”, planteó.


El jefe comunal también afirmó que es posible sostener jurídicamente la constitucionalidad de una norma y, al mismo tiempo, cumplir una medida cautelar que suspenda provisoriamente sus efectos.
“Puedo sostener jurídicamente que una norma es constitucional y, al mismo tiempo, cumplir una resolución cautelar que suspende provisionalmente sus efectos. Eso es precisamente respetar al Poder Judicial”, señaló.
Sobre la CIAP, explicó que se trata de un ámbito de discusión y negociación entre el Municipio y las organizaciones gremiales, pero remarcó que sus decisiones no son automáticamente ejecutables por el Ejecutivo municipal.
“La CIAP procura alcanzar acuerdos, pero se necesita el acto administrativo correspondiente. Sin ese acto, no existe automáticamente una decisión administrativa definitiva del Intendente”, sostuvo.

Según explicó, durante su gestión “nunca ocurrió” que una decisión de la comisión reemplazara automáticamente una decisión administrativa que correspondiera al Departamento Ejecutivo.
La deuda con EPEN
Otro de los cargos abordados fue el relacionado con la deuda que el Municipio mantiene con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y la existencia de cientos de suministros eléctricos vinculados con la Municipalidad.
Saloniti cuestionó que los consumos sean considerados directamente como ilegítimos o injustificados y explicó que el Municipio lleva adelante una revisión administrativa de los medidores.
“Una cosa es ordenar administrativamente los suministros y otra muy distinta es presentar todos esos consumos como si fueran ilegítimos, injustificados o ajenos al interés municipal”, afirmó.
De acuerdo con el relevamiento presentado por el intendente, actualmente existen 286 suministros activos vinculados a la Municipalidad. El más antiguo corresponde a diciembre de 1988 y está destinado al alumbrado público.

Del total, 150 corresponden a alumbrado público, 91 son de uso general, 26 residenciales, 15 de mediana demanda y cuatro de gran demanda.
Saloniti sostuvo que se trata de una estructura construida a lo largo de varias décadas y que no puede atribuirse exclusivamente a la actual gestión.
“Desde diciembre de 2019 se incorporaron 82 suministros. Los otros 204 ya existían antes. Esto demuestra que estamos frente a una acumulación histórica y no frente a un sistema creado en los últimos seis años”, señaló.
También explicó que el Municipio y la Provincia se encuentran revisando las titularidades, potencias contratadas, usos y bajas de los distintos suministros.
Un esquema de compensación de casi 20 años
En su exposición, Saloniti sostuvo que desde 2006 existe un mecanismo de compensación entre la Municipalidad y el EPEN que durante años permitió equilibrar los consumos.
Según explicó, el escenario comenzó a modificarse y recién en 2024 apareció un saldo a favor del EPEN, mientras que durante 2025 el desequilibrio se profundizó.
El intendente vinculó ese cambio con el incremento de las tarifas eléctricas, el crecimiento del alumbrado y la cantidad de suministros municipales.
“La deuda nació cuando un esquema de compensación de casi veinte años dejó de equilibrarse frente a una ciudad y a costos que habían cambiado”, sostuvo.
También recordó que en 2022, ante la situación financiera de la Cooperativa de Agua, el Municipio asumió el pago de la electricidad correspondiente a los bombeos de las plantas PTE-1 y PTE-3.
“Porque el agua y el saneamiento son servicios esenciales que no pueden parar porque exista una discusión financiera”, argumentó.
Suministros sociales y el Hospital Modular
Otro de los aspectos señalados por el intendente fue que parte de los suministros identificados están vinculados con situaciones sociales y viviendas de familias vulnerables.
“Administrativamente sería fácil mirar una planilla y decir: ‘esto no es una oficina municipal, córtenlo’. Pero, detrás de un número, puede haber una familia, una asistencia otorgada hace años o una situación que requiere intervención de Desarrollo Humano”, explicó.
En ese marco, sostuvo que esos casos deben ser revisados individualmente antes de tomar una decisión.
También mencionó el caso del Hospital Modular, construido durante la pandemia sobre tierras municipales. Según explicó, el suministro eléctrico correspondiente ya fue transferido al área de Salud y el Municipio trabaja para que cada organismo provincial asuma sus propios consumos.
“Regularizar la deuda y corregir las causas”
Saloniti aseguró que, una vez detectado el desequilibrio con EPEN, el Ejecutivo decidió avanzar en dos frentes: regularizar la deuda y modificar las situaciones administrativas que podían continuar generándola.
“Refinanciamos la deuda para pagarla sin destruir el funcionamiento cotidiano de la Municipalidad y empezamos a revisar cada suministro y la potencia contratada”, afirmó.
El intendente cerró su explicación señalando que el objetivo es que cada organismo pague los consumos que efectivamente le corresponden y que la Municipalidad pueda contar con un sistema de suministros correctamente identificado.
“Mi objetivo es concreto: dejar la deuda encaminada, los suministros identificados y un sistema en el que cada organismo pague lo que realmente le corresponde y la Municipalidad sepa exactamente qué consume, cuánto consume y por qué lo paga”.
El descargo de Saloniti forma parte del proceso iniciado a partir del pedido de juicio político presentado ante el Concejo Deliberante. Tras la exposición del intendente, el cuerpo deberá analizar los argumentos y la documentación presentada para determinar cómo continúa el proceso.


























