El Ministerio Público Fiscal imputó a dos funcionarios municipales y dos comerciantes proveedores por integrar presuntamente una asociación ilícita dedicada a defraudar las cuentas del municipio mediante diversas maniobras irregulares. La acusación comprende un total de 13 hechos, la mayoría cometidos durante este año.
Según la investigación, los acusados habrían presentado certificaciones falsas de horas de alquiler de maquinaria vial, generando gastos inexistentes para el municipio. A eso se suma la extracción ilegal de áridos desde la cantera municipal, materiales que luego habrían sido vendidos a una empresa privada, según detalló la fiscalía.
La formulación de cargos estuvo a cargo del fiscal jefe Fernando Fuentes y del fiscal del caso Víctor Salgado, con el acompañamiento de la abogada representante del municipio, que se presentó como querellante.
Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que la causa sea declarada caso complejo por la cantidad de hechos y la presunta estructura delictiva, pero la jueza rechazó el planteo y fijó un plazo de tres meses para completar la investigación.
