“La estructura la sacaron del lugar a los pocos días que les advertimos que no podía estar allí”, explicó el contralor y agregó que “cuando preguntamos que hacía en ese lugar nos dijeron que no sabían”.
Hasta el momento no se dio información desde la secretaría de Obras y Servicios Públicos respecto a si hubo o no alguna acción interna sobre la situación que generó la advertencia que realizó el contralor municipal semanas atrás sobre este tema: “nadie sabía nada, ni de quién era, ni qué hacia la casa ahí, ni quién la había construido”, explicó Jorge Fernández.
Hace unos días, “descubrimos que un vecino, que además es el mismo que tiene publicado todo el proceso de construcción de la estructura en su perfil de Facebook personal y se ve a las claras que fue construido y que se utilizó incluso la electricidad, por ejemplo, del predio (se ven conectados elementos eléctricos a enchufes del lugar); ahora la ofrece en venta o permuta y el precio es de 36.000 dólares”.
En las notas que desde Contraloría se enviaron al Municipio se hace hincapié en que los trabajadores del lugar “no saben de quién es, pero que sí saben que la vivienda pertenecería a un empleado, para su uso personal, pero no recuerdan a quien”.
Varias personas del entorno municipal y sindical, incluso dirigentes, señalaron -en off- a un trabajador de la planta de pavimento que estaría relacionado con la construcción de la vivienda y además, con la persona que ahora la ofrece en Facebook. Pero todo eso, en la investigación que el Contralor presentó al Municipio no está, porque no está claro si esto contempla delito o debería ser un tema meramente administrativo y de investigación interna del municipio. Lo que ocurre, es que tampoco hay -al menos la Contraloría no fue informada al respecto y es el organo que debería saberlo porque es el organo contralor- un sumario administrativo, que sería el mecanismo interno que tiene una institución (en este cado la Municipalidad de San Martín de los Andes) para deslindar responsabilidades o responsabilizar a alguien, ante la situación.
A modo de síntesis, podemos decir que alguien, aun no se puede determinar si un trabajador municipal o un privado -o ambos- podrían haber construido una vivienda en un predio que custodia la municipalidad -porque es propiedad de YPF (eso es tema aparte)- y en el que el Estado para los impuestos, se hace cargo de los costos y demás. En ese lugar, estas personas usufructuaron el espacio para beneficio personal, habrían construido una vivienda de las características de las Tiny House y un carro para transportarla y hoy la están vendiendo/ofreciendo a través de las redes sociales a 36 mil dólares. Hasta el momento, no se inició ningún sumario administrativo en la secretaria a la que corresponde la custodia de la planta de pavimento.
