De acuerdo con la investigación, el grupo adquiría metales como bronce y cobre a través del mercado negro, provenientes en muchos casos de robos de infraestructura urbana —cables, picaportes, manijas, porteros, tapas de bronce y hasta piezas sustraídas de cementerios.
Los materiales eran luego trasladados en camiones hacia el norte del país, donde, según la Fiscalía, sobornaban a agentes de control fronterizo para facilitar el paso hacia Paraguay y Bolivia. Desde allí, los cargamentos seguían rumbo a Perú, con destino final en Europa, Estados Unidos y China, donde los metales eran revendidos en el mercado formal a precios internacionales. Una fuente cercana al expediente precisó: “Contrabandeaban cantidades industriales de insumos críticos. Luego recibían millones de dólares y cripto que inyectaban en el mercado negro. Básicamente, saqueaban al país con la complicidad de funcionarios y agentes de seguridad”
El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina llevó adelante allanamientos simultáneos en 12 localidades del país, con la detención de nueve personas (siete hombres y dos mujeres).
Entre ellas, una ciudadana china acusada de violaciones al Régimen Penal Cambiario y lavado de activos. Los procedimientos permitieron el secuestro de una impresionante cantidad de bienes y dinero en efectivo: 4,4 millones de dólares, 473millones de pesos argentinos, 124 mil euros y 76 mil reales, 44 mil USDT (dólares digitales), 19 teléfonos celulares, 14 computadoras y 27 pendrives, un camión, siete camionetas, ocho autos, tres motos y dos armas de fuego, una billetera física de Bitcoin y documentación contable vinculada a las operaciones ilícitas.
En uno de los allanamientos -hubo varios simultáneos a lo largo del país- los agentes descubrieron 4 millones de dólares ocultos en una propiedad y el principal sospechoso intentó sobornar al personal policial para evitar su detención.
Uno de los operativos más resonantes tuvo lugar en una vivienda del exclusivo barrio Chapelco Golf de San Martín de los Andes, donde residía uno de los empresarios implicados, conocido también por su actividad como DJ en eventos de música electrónica. En el mismo procedimiento fue arrestada -luego liberada- su pareja, también sospechada de integrar la organización. Ambos habrían quedado imputados en la causa.
Vecinos del sector describieron un fuerte despliegue policial con presencia de agentes de la PFA, Gendarmería y personal judicial.
Los allanamientos
Incluyeron el secuestro de equipos de sonido profesional, computadoras, criptowallets y documentación comercial:
Según la investigación, uno de los principales imputados realizó más de 425 operaciones con criptoactivos entre 2021 y 2025, por un total superior a 21 millones de USDT (tether), equivalentes a más de 21 millones de dólares.
Estas transacciones eran presuntamente utilizadas para blanquear los ingresos del contrabando mediante billeteras virtuales vinculadas a cuentas en el extranjero. Las autoridades judiciales no descartan que el circuito financiero ilegal haya tenido vínculos con empresas radicadas en Uruguay, Paraguay y Brasil, así como con intermediarios del mercado asiático.
El fiscal Domínguez ordenó profundizar las pericias informáticas y los análisis de transferencias en criptomonedas, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación calificó el operativo como “uno de los más importantes de los últimos años contra el contrabando de metales y el lavado digital”.
