El gobernador Rolando Figueroa promulgó la Ley Provincial 3531/25, que establece la realización de controles toxicológicos obligatorios, aleatorios y sorpresivos a los funcionarios de los tres poderes del Estado.
Los controles alcanzarán a autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo al gobernador, vicegobernador, ministros, diputados, jueces, fiscales, defensores, miembros del Consejo de la Magistratura, así como a intendentes, concejales y directivos de organismos estatales y empresas públicas.
Las pruebas estarán destinadas a detectar el consumo de sustancias psicoactivas prohibidas, con el fin de asegurar que los funcionarios desarrollen sus tareas en condiciones óptimas y libres de vínculos con el narcotráfico.
La ley también prevé que la negativa injustificada a realizar el examen será equivalente a un resultado positivo, lo que puede derivar en sanciones o apartamientos según la función.
Asimismo, se conformará una Comisión Evaluadora Interpoderes, de carácter autónomo, integrada por un representante técnico de cada poder, y se creará un registro interno confidencial para garantizar la trazabilidad y el resguardo de los resultados.
Esta nueva herramienta se suma a la política de lucha contra el narcotráfico impulsada por el Gobierno provincial, que incluye la Ley de Desfederalización del Narcomenudeo, y refuerza el compromiso de la gestión Figueroa con la transparencia y la integridad institucional.
