En una resolución reciente, la Justicia ha intervenido para bloquear los intentos del Gobierno dirigido por Javier Milei de desmantelar programas cruciales enfocados en atender la violencia de género.
El fallo, emitido por la Sala Feria A de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, corresponde a la resolución 11167/2024. Dicho documento prohíbe expresamente al Ejecutivo Nacional realizar cualquier tipo de recorte o eliminación en las políticas vigentes destinadas a la protección y soporte de mujeres y niños afectados por diversas formas de violencia.
El contexto de esta decisión judicial está marcado por una creciente controversia política y social. El Gobierno de Milei había propuesto, con gran polémica, el retiro del término ‘femicidio’ del Código Penal, justificando esta acción bajo el argumento de buscar una igualdad ante la ley sin preferencias de género. Sin embargo, esto ha sido contundentemente rechazado por numerosas organizaciones civiles y entidades defensoras de los derechos de género.
La medida judicial fue solicitada por un conglomerado de organizaciones, incluyendo al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Ni Una Menos (NUM), entre otras. Estas entidades habían manifestado su preocupación por el posible impacto negativo de las decisiones gubernamentales en la maquinaria destinada a la asistencia y prevención de la violencia de género, al mismo tiempo que pidieron claridad sobre cómo el Gobierno asegurará el cumplimiento de las obligaciones internacionales relativas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, desde el ámbito gubernamental, el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, ha sostenido que estos cambios proponen realinear los procesos judiciales bajo un concepto de igualdad ante la ley, sin que se otorgue un valor especial a una vida sobre otra. Esta postura ha sido compartida por el presidente Javier Milei, quien públicamente ha cuestionado al feminismo como una ideología que, en su opinión, busca privilegios específicos que provocan divisiones sociales.
Esta situación ha generado un abundante debate mediático y social, donde expertos legales y defensores de derechos humanos han alertado sobre los posibles retrocesos que este tipo de políticas podría representar en un contexto global donde la violencia de género es una preocupación cada vez más acuciante.
