Junto al proceso que se inició en la Legislatura para determinar la “inhabilidad moral” de la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz, existe otro camino abierto que debe determinar la comisión o no de delitos, a partir de las supuestas irregularidades relevadas en el informe de la comisión investigadora de diputados, pero también en los procedimientos que inició la propia Justicia de la provincia.
Una de esas acciones consistió en investigar las transferencias directas desde la Legislatura a la cuenta personal del Banco Provincia de Neuquén de Pablo, hermano de Ruiz y excoordinador de la Casa de las Leyes, por más de 51 millones de pesos.
El 22 de noviembre, por orden de la Fiscalía, se allanaron la Legislatura de Neuquén, la Casa de las Leyes y la vivienda particular de Pablo Ruiz. Y cinco días después, los procedimientos se trasladaron a los registros del automotor 1 y 2 de Plottier, en busca de legajos sobre venta y compra de vehículos de parte de Ruiz y su entorno familiar.
Según una calificada fuente judicial, de comprobarse el desvío de fondos el primero de los delitos en el que habría incurrido Gloria Ruiz es en el de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Que podría agravarse si los montos girados no se corresponden con gastos reales o se pagó de más (se estaría ante la presencia de perjuicio fiscal). En este caso, se agregaría la figura de defraudación a la administración pública. Además, si se llegara a probar la existencia de un retorno sería cohecho. Y, lo más grave, si se constatara la existencia de un acuerdo previo entre proveedores e intermediarios, correspondería hablar de una asociación ilícita.
