El director de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, aseguró que esta medida busca garantizar una gestión transparente de los fondos públicos que estas universidades reciben. La Universidad Nacional de La Matanza ha sido identificada como la primera en ser examinada bajo este nuevo proceso de auditoría. El anuncio se da en un momento de tensiones evidentes entre el Gobierno y las universidades públicas del país.
Las auditorías están programadas para iniciar la próxima semana, conforme lo anunció Blanco, quien detalló que el orden de inspección será determinado por el volumen de fondos manejados por las universidades y la calidad de los convenios suscritos. Esta acción es vista como un retorno al pasado, ya que según indicó Blanco, en tiempos anteriores la SIGEN realizaba este tipo de controles antes del cese en 2022 debido al dictamen del exProcurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini. Ahora, con un equipo reenfocado, la SIGEN está lista para proceder.
Para la selección de las instituciones a auditar, además del volumen financiero, se priorizará aquellas que tengan acuerdos relevantes que ameriten una revisión. «Nuestro foco estará principalmente en la correcta administración de los recursos asignados por el estado a estas casas de estudio», afirmó Blanco, insistiendo en que todo indicio de mal uso o sospecha de irregularidades severas sería remitido a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
En un contexto paralelo, los sindicatos de docentes universitarios, agrupados bajo la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), han puesto en marcha una serie de medidas de protesta. Han convocado a un paro de 48 horas que abarcará el 21 y 22 de octubre. Esta respuesta ha surgido como reacción al veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario, un tema crítico que ha generado numerosas protestas en semanas recientes.
Desde la mirada de la CONADU, tal como expresa su secretario general Carlos De Feo, existe un vacío en el diálogo con el Gobierno nacional. «La falta de negociaciones es un problema serio, ya que representa una fisura en el pacto democrático del país», aseveró De Feo, quien exige una instancia de negociación que permita resolver las diferencias y recomponer las relaciones entre el gobierno y las instituciones educativas sín más demoras.
