Tras oficializar una serie de medidas de desregulación aduanera la semana pasada, el Gobierno de Javier Milei avanzará en los próximos días con nuevas decisiones que buscan continuar con la apertura económica impulsada por el equipo liderado por Federico Sturzenegger.
Las resoluciones generales que se publicarán esta semana eliminarán la participación de veedores empresariales en los controles de importaciones y derogarán los valores de referencia para exportaciones. Ambas decisiones son vistas como parte del plan de facilitar el ingreso de bienes extranjeros al mercado nacional, en un contexto en el que la industria argentina enfrenta una recesión y múltiples ajustes.
ISI, es la sigla que identifica o representa a la Industrialización por sustitución de importaciones: un modelo o estrategia que busca fomentar el desarrollo de industrias locales para que produzcan bienes que están siendo importados, imponiendo métodos de política económica tales como los incentivos fiscales y crediticios o la protección comercial. Lo opuesto, claramente a lo que se está planteando.
Proponiendo un juego de letras, en este caso y volviendo al título del artículo, nos vamos a detener en la Sustitución Por Importaciones (SPI). Suponiendo, que aún la “desindustrialización” sería una visión catastrófica de la situación.
El hecho:
La semana pasada, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eliminó el sistema de control basado en el «valor criterio» para importaciones, además del estampillado en ciertos productos.
Según explicó Sturzenegger junto a Florencia Misrahi, titular de la AFIP, estas medidas eliminan sobrecostos que afectan las operaciones de comercio exterior y deberían ayudar a reducir el precio de los productos importados. Sin embargo, la decisión ha generado preocupación en sectores productivos nacionales que advierten sobre el impacto negativo de la competencia con bienes extranjeros en medio de una industria local en crisis.
El gobierno de Javier Milei y sus medidas de desregulación: detalle y objetivos
El paquete de desregulación aduanera (SPI) que se completará esta semana contempla dos nuevas medidas. En primer lugar, la derogación de normas que permitían a las cámaras empresariales locales participar como veedores en la fiscalización de las importaciones ingresadas al «canal rojo» de la Aduana.
Esta herramienta les permitía observar, aunque sin capacidad de veto, el ingreso de mercadería que cumplía con ciertas condiciones específicas. Sturzenegger calificó la participación empresarial como un “privilegio” de sectores industriales “protegidos” y la definió como una manifestación de la “casta en su representación máxima”.
La segunda medida eliminará los valores de referencia que se utilizaban para ciertas exportaciones, los cuales fueron establecidos para evitar maniobras de subfacturación. Hasta ahora, esos valores se aplicaban a sectores como la minería y la pesca, entre otros.
Aunque se suprimirán estos controles a priori, Misrahi aseguró que la fiscalización se mantendrá de forma “ex post” con base en promedios registrados por la Aduana, aunque no dio detalles adicionales sobre cómo se implementarán estos controles retroactivos.
Según el Gobierno, la eliminación de estos valores de referencia reducirá los costos asociados al comercio exterior y proporcionará una mejora equivalente al 1% en el tipo de cambio exportador para los sectores beneficiados. “Esta medida tiene el mismo impacto que la eliminación de los valores criterio para bienes importados ingresados al canal rojo”, afirmó Sturzenegger en una charla con periodistas.
Críticas de la industria y preocupación por la competitividad
Las reacciones ante las medidas han sido variadas, pero muchos sectores industriales coinciden en que la desregulación podría tener un efecto negativo en la producción nacional. Si bien la economía argentina mostró ciertos rebotes positivos en julio y agosto, la actividad manufacturera acumuló una caída del 13,6% en los primeros ocho meses del año, según datos del INDEC.
En este contexto, los empresarios advirtieron que la eliminación de controles aduaneros incrementará la competencia desleal con productos extranjeros, afectando la sostenibilidad de las fábricas nacionales.
Uno de los sectores más afectados por la apertura económica es el textil. Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro-Tejer, expresó su preocupación en diálogo con Ámbito: “La decisión del Gobierno va en el sentido contrario de preservar condiciones leales de competencia. Las medidas desmanteladas eran esenciales para evitar la evasión fiscal y controlar maniobras de sobre y subfacturación. Son herramientas que se utilizan en las aduanas de todo el mundo para garantizar que quienes producen en el país puedan competir en igualdad de condiciones con los bienes importados”.
Conclusión de la industria:
En este contexto, los empresarios advirtieron que la eliminación de controles aduaneros incrementará la competencia desleal con productos extranjeros, afectando la sostenibilidad de las fábricas nacionales. (SPI)
Conclusión del Gobierno:
El Gobierno de Milei fue claro en su intención de promover una apertura económica que, según su visión, reducirá costos y estimulará la competencia. (SPI)
